AP.Net// Errar es humano. Tropezar con la primera piedra es natural. Pero repetir las equivocaciones y tropezar de nuevo con las mismas piedras es de torpes o de necios. Y eso es lo que ha venido ocurriendo con el conflicto que afronta el gobierno peruano con los mineros del sur del país.

Es correcto que se necesita una regulación para la minería informal y se debe evitar contaminaciones del medio ambiente por las dragas. Pero la dación de los decretos para ello nuevamente se hace sin las coordinaciones correspondientes y sin la comunicación necesaria a la ciudadanía. Y otra vez el mismo ministro vuelve a poner en conflicto social al país. Aparece igualmente un Primer Ministro –tratando de ser conciliador- pero que maneja la situación con  similares yerros a los ocurridos en sucesos anteriores. También la policía, es decir sus comandos, vuelven a fallar.

Estas situaciones, que pudieron evitarse con un poco más de previsión, demuestran la incapacidad del gobierno para afrontar los problemas sociales. Se le escapan de las manos y da la impresión que carecen de un servicio de inteligencia capaz. El haber generado un conflicto innecesario con toma de carreteras –por enésima vez- pérdidas de vidas, heridos y cuantiosa afectación a la economía.

Claro que el problema no es solo del gobierno. Existe la otra parte que son los mineros agitados por interesados en seguir causando problemas. Allí nuevamente hay que olfatear la presencia de extranejros en el asunto y de partidos que solo quieren hacer daño al país con tal de fomentar el caos.

Tomar carreteras es un delito grave que afecta a la sociedad en su conjunto. Ahora bien si el gobierno nunca ha encauzado a quienes anteriormente fueron los responsables del problema parecerá que es normal –según los bochincheros reclamantes- que el asunto se fuerce y concluya con una "mesa de diálogo de alto nivel” donde hacen pisar el palito al gobierno que termina cediendo al no sancionar a los delincuentes.

Es de resaltar que en este caso no se trata de un ataque contra las empresas mineras establecidas sino directamente contra las autoridades para que permitan las invasiones de terrenos para la minería informal, el uso y abuso de la mano de obra,  trabajar con equipos contaminadores y no respetar los derechos de los pobladores de las zonas adyacentes. Es decir seguir en la barbarie. Lo incomprensible es que las poblaciones hacen ollas comunes y apoyan a quienes les causan daño. Y eso es resultado de la pésima labor de los voceros gubernamentales que en su ineptitud siguen sin saber comunicar los beneficios de los decretos y poder negociar algunos aspectos razonables anticipándose al conflicto.

Esperemos que se pueda solucionar este problema de Madre de Dios y de Arequipa, que ha tenido repercusiones en Lima, y que no vuelvan a repetirse hechos similares. Por ahora se ha levantado la huelga pero la próxima semana empezarán las "negociaciones”, siempre después de los hechos calamitosos. Ojalá se pongan de acuerdo para bien del país.