AP.Net// La  difícil situación en  el  valle de los  ríos Apurimac y Ene (Vrae)  no puede ser controlada hasta el momento por el Estado peruano. Mientras tanto 43 militares murieron en el intento desde julio de 2008. Y tenemos 23  bajas de efectivos policiales desde diciembre del 2005 a la fecha.

Como se sabe, esta zona se encuentra desde hace varios años en manos del narcoterrorismo- conformado por remanentes de   Sendero Luminoso y narcotraficantes- que en los últimos meses ha aumentado considerablemente sus acciones  y  ha mejorado su "poder de fuego" a decir del ex jefe de la Policía Antiterrorista Marco Miyashiro.

No de otra manera, dijo el general  Miyashiro,  se puede explicar "por qué se atreven a atacar directamente a las bases militares instaladas en el Vrae".

En el mismo sentido opina el  especialista en temas de narcotráfico y  violencia  Jaime Antezana  al afirmar que el grupo armado enemigo se ha hecho más fuerte, encontrándose  en una " fase superior" ya que desde  mediados del año pasado realiza ataques sistemáticos no a patrulleros sino  a las propias bases militares. 

Este gravísimo problema  viene  alarmando a la población, más aún cuando se percibe que la  estrategia del gobierno aprista para enfrentar la situación ha ido de error en error, provocando la muerte  lamentable de civiles  soldados y oficiales.

Hace poco, el gobierno a través del ministro de Defensa Rafael Rey, tuvo que reconocer muy a su pesar, el fracaso del  plan  Vrae y habló de un replanteamiento del mismo que consistiría en mejorar la estrategia militar y fomentar el desarrollo social en la zona;  aunque la propuesta no es nueva,  fue  recibida positivamente.

Pues bien, se habló de cambios en la estrategia y lo primero que se hace es firmar un  contrato dudoso con una empresa israelí,  que al menos hasta ahora nadie ha explicado si tiene experiencia en  el tipo de terrorismo peruano, articulado actualmente con el narcotráfico, totalmente diferente  del terrorismo clásico de los 80 y 90, según los expertos.

Un contrato de asesoramiento que costará  al Estado peruano 12 millones de dólares, que viene provocando suspicacias y duras críticas por haberse hecho entre gallos y medianoche.  Una medida  que ensombrece y pone en duda la nueva estrategia de lucha  en el Vrae.