AP.Net// Dicen los entendidos que el tiempo enseña a olvidar, que la memoria con los años se va volviendo frágil, que el pasado va quedando en los recuerdos y que al final desaparece.

Pero hay momentos y episodios que los peruanos de todas las edades estamos obligados a no olvidar y recordar,  a enseñar a los que no lo vivieron, para que éstos no se vuelvan a repetir.

Me refiero  a actos demenciales y sangrientos perpetrados por los elementos subversivos  en la década de los 80.

Días antes de las elecciones generales de 1980, un grupo de desconocidos quemó las ánforas de sufragio en el pueblo de Chuschi (Ayacucho). Era el 17 de mayo y para los fanáticos de Sendero Luminoso, la fecha marcaba el inicio de la denominada "lucha armada".

-"¡Abre carajo, somos militares!", ordenó la voz detrás de la puerta de la oficina del registro electoral en Chuschi.

Florencio Conde no la reconoció, pero sintió el escalofrío del miedo recorriéndole el cuerpo. Instintivamente abrazó a su hijo. Era casi la una de la madrugada cuando un golpe seco arremetió contra la puerta abriéndola de par en par. Ingresaron entonces diez hombres encapuchados, vestidos con ponchos.  

Uno de ellos se dirigió hacia Conde y lo levantó de un tirón lanzándolo sobre una banca. Sentado frente a los desconocidos, el encargado del registro electoral sintió el cañón del arma apuntándole al pecho. La situación duró el tiempo suficiente para que los visitantes tomaran todo el material de sufragio y lo incendiaran. Con esta acción Sendero Luminoso iniciaba su denominada "lucha armada". Sin embargo, esa misma noche, los pobladores lograron detener a ocho de los terroristas que habían participado en el atentado.

Luego vendrían años de terror. Los alcaldes encargados, Manuel Pacutaype Caupi y Francisco Vilca Huaychati fueron asesinados. Desde entonces, Chuschi era administrada por la provincia de Cangallo, época propicia para que se iniciara la infiltración terrorista.

"Nosotros ignorábamos que existía Sendero Luminoso, aunque ya había personas desconocidas que habían empezado a concientizar a la gente en las `escuelas populares' ", recuerda Emilio Ballón comunero de Chuschi, quien agrega que su pueblo estuvo como "zona liberada" -según la denominación terrorista- por un lapso de dos años. "Luego los botamos y, en venganza, ellos incendiaron nuestra casa municipal y dos tiendas. Después, saquearon y asesinaron al alcalde menor Juan Cayllahua", recuerda.

Sendero Luminoso creció tanto en el territorio, que controlaba gran parte de la sierra central.  La credibilidad de Sendero Luminoso se vio acrecentada debido a la tibia respuesta inicial del gobierno peruano contra la insurgencia.

Durante un buen tiempo, el gobierno simplemente ignoró a Sendero Luminoso, creyendo que se trataba de un movimiento relativamente inocuo e incluso benigno (en los inicios las autoridades municipales ayacuchanas saludaron las acciones reivindicatorias de Sendero) o de simples "lunáticos".

En abril de 1982, un grupo de senderistas tomó por asalto la cárcel de la ciudad de Ayacucho, matando algunos efectivos policiales y liberando a varios senderistas detenidos en dicho establecimiento penitenciario. Este ataque fue el primer ataque estratégico de Sendero Luminoso y causó la primera reacción desmedida por parte de la Policía Nacional que, en venganza, atacó el Hospital de la misma ciudad y asesinó a senderistas internados en dicho nosocomio.

Este episodio hizo evidente el hecho de que Sendero Luminoso representaba una amenaza para el Estado Peruano, el gobierno declaró en Estado de Emergencia todo el departamento de Ayacucho, disponiendo restricciones en los derechos civiles y políticos y otorgando el control a las Fuerzas Armadas.

Como respuesta a la agresión, los militares organizaron una represión igual de violenta que acarreó muchas víctimas.

La Comisión de la Verdad señaló que ello se debió principalmente a la fractura social existente en el país y en el hecho de que, para los militares, ser campesino era sinónimo de ser senderista. Así, tuvieron lugar hechos represivos que asolaron comunidades campesinas enteras.

No es el rastro de una historia ancestral, ni tampoco el saldo de una guerra exterior de hace uno o dos siglos. Los 69.280 muertos y desaparecidos estimados por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) de Perú pertenecen a dos décadas recientes (1980-2000), que desangraron sin piedad al país.

De esta aterradora cifra la CVR determinó que la mayoría de muertos (el 54%) los provocó SL al aplicar una política brutal que, en ocasiones, pasaba por masacrar a quienes se resistían a su alucinado proyecto revolucionario.  Varias matanzas senderistas salieron a la luz cuando la CVR recibió una cantidad abrumadora de testimonios. Gente de comunidades campesinas olvidadas dio cuenta de un periodo marcado por un intento de genocidio espantoso, en el cual las fuerzas del orden también tuvieron responsabilidad.

De estas cifras, afloró una tendencia todavía más tenebrosa: el 75% de las víctimas eran campesinos que hablaban quechua u otra lengua nativa y el 79% vivían en zonas rurales. Es decir, que se trató de una guerra que asoló principalmente al campo y a los más pobres, como si nuevamente se ensañara con ellos un fatal destino milenario. No los respetaron ni SL, ni los agentes del Estado, ni la clase urbana, que dormitó en la indiferencia y sólo despertó años después.

Por supuesto que el terror desatado por SL y el MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, un grupo de vocación guevarista, bastante menor que SL) llegó también a las ciudades. Tocó con fuerza las puertas de Lima, especialmente en los inicios de la década de los noventa, gracias a los feroces coches-bomba.

Pero una de las grandes evidencias que ha arrojado el Informe de la CVR es la distancia que hubo entre el dolor que se vivía en el campo y la relativa calma e indolencia de las ciudades. Las matanzas, perpetradas por SL y el Ejército, en decenas de comunidades quechuas, o selváticas, fueron masivas y horrendas.

Belaúnde fue el mandatario que le entregó al Ejército la conducción de la guerra, creando los Comandos Política-Militares y abdicando del poder civil. García tuvo algunos logros en sus inicios, invirtiendo más en el campo, pero a partir de 1986 no fue capaz de neutralizar la vorágine del terror. Ambos supieron, con todo, mantener la institucionalidad democrática, que se quebró el 5 de abril de 1992, cuando Fujimori cerró el Congreso y se dio un autogolpe de Estado, luego bendecido por la OEA. La violencia amaina en esa época, aunque no precisamente gracias a él.

En rigor, la captura ese mismo año de Abimael Guzmán, jefe máximo de SL, se produjo por la esforzada labor de la inteligencia policial, aun cuando Fujimori siempre trató de llevarse el mérito. Hoy se sabe que su Gobierno más bien apostaba por desarrollar una estrategia tan o más criminal que la del propio SL.

La existencia, tal como lo ha corroborado la CVR, del grupo paramilitar denominado Colina, autor por lo menos de dos matanzas (una en Barrios Altos, una zona antigua de Lima, y otra en la Universidad La Cantuta) así lo demuestran. Ambos hechos ocurrieron en 1992, cuando el terror aún prevalecía. Muchas de estas cosas ya se sabían, pues la prensa más decente de esos años las había destapado, pero la virtud de la CVR ha consistido en ponerlas en blanco y negro y en darles una interpretación histórica. Al hacerlo, los partidos han pasado de ser sólo víctimas a negligentes profesionales.

Martín Tanaka, un joven sociólogo peruano, ha acertado al recordar que por esa época, en realidad, todos –ciudadanos, políticos, militares, policías- andaban desconcertados.

A 30 años estos sucesos no podemos olvidar tales hechos, la historia debe enseñarnos a que los errores y barbaries del pasado no pueden volver a ser parte de nuestras vidas.

Palabra de Director