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Urge modificar Ley Universitaria

Urge modificar Ley Universitaria

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Adolfo Medrano

La Ley Universitaria tiene varias inconsistencias y urge modificarla para beneficio de la comunidad académica e investigadora peruana, si es que de verdad queremos andar al ritmo del siglo XXI. Esto no debe tocar de nervios a algunos medios de comunicación y agrupaciones políticas que se rasgan las vestiduras, quizás, porque ven afectados determinados intereses.

La propuesta de la Célula Parlamentaria Aprista es realista y como toda iniciativa puede ser mejorada. En esencia propone evitar el control político que tiene el Estado a través del Ministerio de Educación sobre la polémica Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

Sin embargo, pudo abarcar más. Por ejemplo, la ley en vigencia no contempla un solo artículo transitorio que vincule la estructura de la educación básica regular con la universitaria a través del bachillerato antes de los estudios superiores.

Al no haberse previsto esta situación, se genera una brecha elitista pues solo algunos colegios privados de clase A y uno nacional, tendrían ese beneficio.

Pero como parece que vivimos en Macondo, la cosa resulta un poco cómica porque los escolares que obtienen el grado de bachiller ingresan a algunas universidades de manera directa, pero al finalizar los estudios de “pregrado” (nombre que revela el problema) deberían volver a sacarlo por ser una exigencia de esta ley.

Otro tema que resulta extraño es el nivel que este polémico dispositivo otorga a los diplomados como “estudios de postgrado”, cuando siempre se ha tenido en claro que esta opción se usaba básicamente para fortalecer capacidades muy específicas. Claro que se debe distinguir entre diplomados y diplomados, por lo cual resultará importante determinar si conviene que esté ubicado justo antes de la maestría y el doctorado.

En la iniciativa legislativa se propone que el Superintendente sea elegido por los otros seis miembros del Consejo Directivo, pero en una estructura integrada por tres docentes de universidades públicas y otros tres de universidades privadas.

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Si realmente hablamos de defender la autonomía universitaria, no puede ser que el Superintendente sea designado vía una resolución suprema a propuesta del Ministro de Educación por un periodo de tres años, incluso renovables por un tiempo adicional. De ahí que la iniciativa plantea el cambio de esa estructura para que no haya dependencia con el poder político.

De acuerdo a la ley vigente, el Consejo Directivo es conformado además del Superintendente por un representante del CONCYTEC, cinco miembros seleccionados por concurso público, de los cuales dos son docentes provenientes de universidades públicas, uno de una universidad privada y dos personalidades que cuenten con grados de Maestro o Doctor.

Como puede advertirse esta estructura no garantiza un trabajo adecuado, si partimos de la base que toda selección de alto nivel político podría terminar siendo subjetiva y no garantiza de manera necesaria las competencias que se buscan.

De aprobarse las reformas, también tendrá que adecuarse el reglamento de la ley para que los procedimientos del licenciamiento se realicen en función de una mejor interpretación del concepto de calidad educativa que no pasa solo por un inventario de infraestructura física y documentaria.

Hay quienes creen que modificar es dar un paso atrás. Nada más falso. Toda ley se perfecciona y debe ser para mejor. El principio que sustenta los cambios es coadyuvar a que los procesos garanticen la tan anhelada calidad educativa y permitan una lucha frontal contra la corrupción.

Es hora además de devolver el rol rector de la universidad frente a la sociedad. Por muchos años, su presencia ha sido minimizada por la aparición de un sinnúmero de organismos públicos y privados que asumieron tareas de investigación desde la ciencia y la tecnología para el diseño de nuestro desarrollo.

En otros países poco se puede hacer si antes no se cuenta con la opinión calificada de los académicos e investigadores universitarios que intervienen de manera activa en la solución de problemas que enfrentan sus respectivas sociedades.

Nadie quiere una universidad anquilosada y con autoridades que desprestigien los claustros. Todos apostamos por la transparencia de los procesos y una autonomía que respete los fueros. Que los cambios encuentren consenso y sean aprobados pronto.

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