Lima, 26 de noviembre de 2025
El expresidente Martín Vizcarra fue sentenciado a 14 años de prisión efectiva por recibir sobornos en los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua durante su gestión como gobernador regional. La condena, dictada por la jueza Fernanda Isabel Ayasta Nassif, será de ejecución inmediata.
Detalles de la sentencia
- Pena privativa de libertad: 14 años (sumatoria de 6 y 8 años por cada caso).
- Inhabilitación: 9 años para ejercer cargo público.
- Multa: 730 días, equivalente a S/94,900 (130 soles diarios).
- Traslado: Vizcarra fue llevado a la carceleta del Poder Judicial y será clasificado entre el Penal de Barbadillo o Ancón II.
La decisión se sustentó en pruebas que acreditan el pago de S/1 millón por el proyecto Lomas de Ilo y S/1.3 millones por el Hospital de Moquegua, mediante contratos simulados para encubrir el origen del dinero.
Reacciones y apelaciones
Durante la lectura de sentencia, Vizcarra calificó el fallo como una “venganza” en sus redes sociales:
“Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas”, escribió.
Su hermano Mario Vizcarra también se pronunció en los exteriores del juzgado, asegurando que continuará la lucha política del exmandatario. El abogado Erwin Siccha presentó apelación para que la condena sea revisada en segunda instancia, mientras la Procuraduría apeló el monto de la reparación civil.
Por su parte, el fiscal Germán Juárez Atoche se mostró conforme con la sentencia y advirtió que la pena podría incrementarse tras la revisión, dado que la Fiscalía solicitó inicialmente 15 años de cárcel.
Fundamentos del fallo
El tribunal basó su decisión en el testimonio del exgerente de OBRAINSA, Elard Paul Tejada, quien confirmó el pago de sobornos por el 2% del monto del proyecto Lomas de Ilo. También se acreditó el uso de contratos simulados para el caso del Hospital de Moquegua.
Voto discordante
El juez Andy Rodríguez Domínguez emitió un voto singular, proponiendo una pena menor (11 años) y la suspensión provisional de la ejecución hasta que la sentencia quede firme, argumentando la conducta procesal del exmandatario.



