Editorial
El Perú atraviesa una crisis de seguridad ciudadana sin precedentes. Las cifras de homicidios, extorsiones y crimen organizado nos alarman a todos, y con justa razón la ciudadanía alza su voz exigiendo al Estado mayor presencia, más policías, más acción. Entre los sectores más golpeados están los transportistas, quienes enfrentan un drama cotidiano: asesinatos, cobros de cupos, amenazas constantes. Sus protestas son legítimas. Su dolor es real. Su exigencia de seguridad es un derecho.
Pero existe una verdad incómoda que debemos abordar con honestidad: no podemos exigir al Estado lo que nosotros mismos no estamos dispuestos a dar.
El sector transporte, particularmente el informal, representa uno de los mayores índices de mortalidad en nuestras calles. Cada día, familias peruanas pierden a sus seres queridos no por la delincuencia, sino por la imprudencia, la informalidad y la irresponsabilidad de quienes operan al margen de la ley. Vehículos sin revisión técnica, con cientos de papeletas impagas, circulan libremente por nuestras ciudades. Conductores sin capacitación adecuada, muchos con antecedentes de infracciones graves, ponen en riesgo la vida de miles de pasajeros diariamente.
Las estadísticas son brutales: el transporte informal y la conducción temeraria causan más muertes que muchas modalidades delictivas. Familias destruidas por atropellos, accidentes por exceso de velocidad, tragedias por vehículos en mal estado. ¿Dónde está la seguridad que estos transportistas deben brindar a sus pasajeros? ¿Dónde está su responsabilidad con la vida de quienes confían en su servicio?
La formalización no es un capricho burocrático. Es un compromiso con la sociedad. Es garantizar que los vehículos estén en condiciones óptimas, que los conductores estén capacitados, que exista un seguro que respalde a las víctimas, que haya trazabilidad y responsabilidad. Es, en suma, dar seguridad.
No se trata de minimizar el drama de las extorsiones ni de justificar la inacción del Estado. Todo lo contrario. Se trata de entender que la seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida, un pacto social donde todos debemos cumplir nuestra parte. El Estado debe perseguir sin tregua a los criminales, fortalecer la Policía Nacional, recuperar el territorio tomado por bandas. Pero los ciudadanos, todos, debemos operar dentro de la ley.
Un transportista informal que exige seguridad mientras causa inseguridad es una contradicción insostenible. Un gremio que marcha por sus derechos mientras sus miembros violan sistemáticamente las normas de tránsito pierde autoridad moral. Una sociedad que solo exige pero no cumple está condenada al caos.
La pregunta es simple: ¿Queremos un Perú seguro? Entonces construyámoslo entre todos. Formalizémonos. Cumplamos las leyes. Respetemos las normas de tránsito. Asumamos nuestra responsabilidad con la vida de los demás. Solo así, con las manos limpias y el compromiso cumplido, podremos exigir al Estado con toda legitimidad que cumpla su parte.
La seguridad no se mendiga. Se construye. Y se construye desde la responsabilidad de cada uno de nosotros. Es hora de que todos, sin excepción, entendamos que para exigir derechos primero debemos cumplir con nuestros deberes.
El Perú que queremos no nacerá solo de las demandas. Nacerá de nuestro compromiso diario con la ley, el orden y el respeto a la vida del prójimo.
Jorge Luis Castañeda Becerra
Director de Agencia Perú – El Perú y el Mundo al Instante
