El futuro legal de Andrés Hurtado, conocido como "Chibolín", se definirá el lunes 30 de septiembre. El juez Juan Carlos Checkley reprogramó la audiencia de prisión preventiva contra Hurtado, la fiscal Elizabeth Peralta y el empresario Augusto Javier Miu Lei. Esto ocurrió después de que los abogados argumentaran que no tuvieron suficiente tiempo para preparar sus defensas, ya que fueron notificados con poca antelación.

La Fiscalía presentó una solicitud de prisión preventiva por 18 meses contra los implicados, basándose en acusaciones de tráfico de influencias y cohecho. El caso incluye diversas transacciones financieras, como la entrega de 500 mil dólares en efectivo en casa de Hurtado. Además, Hurtado fue detenido el 19 de septiembre en una clínica debido a problemas de salud y luego trasladado a la Prefectura de Lima, donde estuvo detenido de forma preliminar durante siete días.

Los abogados defensores pidieron más tiempo para organizar sus estrategias, dado el volumen de documentos y pruebas. La fiscalía sostiene que los acusados estuvieron involucrados en sobornos y tráfico de influencias relacionados con investigaciones de lavado de activos y corrupción. Las pruebas incluyen audios y videos obtenidos durante el allanamiento de la oficina de la fiscal Peralta, que revelan posibles actos de corrupción.

Por otro lado, el Ministerio Público solicitó el impedimento de salida del país para Roxana del Águila, exsuperintendente de Migraciones, como parte de una investigación de tráfico de influencias. Además, se realizaron allanamientos a propiedades de Hurtado, Peralta y Miu Lei, en diferentes localidades, con autorización para extraer información de dispositivos electrónicos.

La fiscal Peralta, por recomendación de su abogado, guardó silencio en su declaración ante la fiscalía. Su abogado argumentó que la fiscalía no tenía fundamentos para solicitar su detención y defendió su inocencia, destacando que Peralta ha colaborado entregando pasaportes y abriendo sus cuentas para la investigación.

En resumen, el caso involucra acusaciones serias de corrupción y tráfico de influencias, con múltiples implicados y una investigación en curso que incluye pruebas audiovisuales y testimonios que la fiscalía sigue analizando.