La fiscal de la Nación Patricia Benavides ingreso por mesa de partes del Congreso la denuncia constitucional contra el jefe del Estado y dos exministros, donde señala que el Mandatario lidera una presunta organización criminal desde Palacio de Gobierno para lograr beneficios económicos ilegales.
El expediente de 376 páginas sustenta la posible autoría de Pedro Castillo de ser el líder de delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión en los casos conocidos como:
1) Petroperú:
La denuncia señala que la presunta organización criminal liderada por Castillo designó a Hugo Chávez en la Gerencia General de Petroperú a pedido del empresario Fermín Silva, con el objetivo de controlar y direccionar los procesos de contratación de biodiésel, a fin de favorecer a la empresa Heaven Petroleum Operator.
Afirma que en octubre del año pasado el presidente de la República se reunió con Chávez y los representantes de la empresa interesada para favorecerlos.
Señala que Castillo habría recibido 2 millones de soles de parte de Karelim López, a través del secretario general Bruno Pacheco. Menciona como indicio la fiesta que ella le organizó al mandatario.
2) MTC-Puente Tarata:
En este caso, habrían nombrado funcionarios afines al Gobierno para manipular los procesos de contratación en Provías Descentralizado el año pasado. Esto contando con la participación del entonces ministro, Juan Silva.
Concluyeron que realizaron acciones para beneficiar irregularmente al Consorcio Puente Tarata III, que ganó la buena pro de la obra. Le dieron tiempo para que cuente con un certificado de vigencia de poder de uno de sus consorciados, que era requisito obligatorio para presentar la oferta.
Tampoco advirtieron que dos empresas del consorcio tenían un impedimento legal.
Indica que en noviembre Silva recibió 100.000 soles como adelanto de “buena fe” por la licitación del Puente Tarata.
3) Ministerio de Vivienda
El equipo fiscal concluyó que el presidente Pedro Castillo coordinó el nombramiento de funcionarios de su entorno en el Ministerio de Vivienda y Construcción con el objetivo de controlar y direccionar los procesos de contratación según sus beneficios.
En esas circunstancias dictó un decreto de urgencia que permitió la transferencia de 34 millones de soles a dicha cartera ministerial para financiar obras de saneamiento urbano y rural. Precisamente, en ese decreto se incluyeron siete proyectos que luego direccionaron a empresas consorciadas con Lenus SAC, dirigida por el sobrino de Fermín Silva Cayatopa, amigo del presidente Pedro Castillo.
Asimismo, otras obras fueron entregadas a otros empresarios “amigos” o sus familiares, como la hermana del empresario José Espino, conocido por sus vínculos con Yenifer Paredes, cuñada del presidente.
La investigación señala que, además, se hicieron acuerdos ilícitos, como el pago de 200.000 soles al alcalde de Anguía, Nenil Medina, actualmente preso.
Acumulados dichos casos en la carpeta fiscal N° 251-2021.
La Fiscal de la Nación indicó en mensaje difundido en la redes sociales del Ministerio Público: “Hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas”
La denuncia incluye también al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas, por organización criminal y colusión; y al exministro de Vivienda Geiner Alvarado, por organización criminal.
Benavides acompañada de todo el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, señaló que la investigación realizada permitió descubrir que los involucrados obtuvieron beneficios económicos por nombramientos en puestos claves, cobraron porcentajes de las licitaciones y hubo un uso ilícito de las facultades presidenciales.
Exhortó al Congreso a invocar a la Convención de la ONU contra la corrupción, que Perú ha suscrito, para poder acusar a Castillo ante el Poder Judicial. “Es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional...”, manifestó la fiscal de la Nación.