- La institución hizo referencia a los cuestionamientos en contra del ministro respecto a la omisión de datos en su declaración jurada.
- Al respecto, Arce reconoció la omisión administrativa, pero la atribuyó a un error de sus abogados, y negó haber cometido el delito de falsedad genérica.
La Defensoría del Pueblo se pronunció este miércoles 1 de junio respecto a los cuestionamientos contra el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Javier Arce, por la omisión de información sobre sus antecedentes judiciales en su declaración jurada. Al respecto, la institución consideró que el Gobierno debería “reevaluar” su designación en el cargo.
A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter, la institución manifestó que diversos medios de comunicación han denunciado que el funcionario estaría siendo investigado por comisión de delitos, además de haber estado internado en un centro penitenciario por el delito de usurpación.
“Esto se ve agravado debido a que el referido funcionario, en la declaración jurada exigida por la Ley N°31457 de forma previa a asumir el cargo ministerial, negó tener o haber tenido investigaciones fiscales y condenas en su contra […] La consignación de esta información falsa en un documento público no solo constituye un acto ilícito, sino una grabe afectación del principio de transparencia”, se lee en el documento.
“Por lo expuesto, la Defensoría del Pueblo considera necesario que el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros reevalúen la designación del referido funcionario y la pertinencia de mantenerlo en tan importante cargo, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de la población”, concluye el comunicado.
Por: Viviana Valdivieso
Foto 1: La Razón
Foto 2: La República